Una joven de 25 años fue secuestrada cuando salía de su trabajo en la zona de la Calle Cantilo (473) de City Bell, le robaron su vehículo bajo amenaza de arma, y finalmente terminó siendo abusada sexualmente en pleno Parque Pereyra Iraola. 

El episodio, tan brutal como simbólico, marca un nuevo límite para la crisis de inseguridad en la Zona Norte de La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Ya no es solo robo, ni solo violencia, es un ataque a la dignidad humana. Todo bajo las narices de un Estado ausente.

Según relataron los colegas de Diario El Día, la víctima se disponía a encender su auto en City Bell cuando apareció un hombre armado, abrió la puerta del conductor y exigió que se quedara en el vehículo. Allí comenzó la pesadilla.

Al llegar al Parque Pereyra Iraola, el abusador obligó a la joven de 25 años a apagar su celular para evitar el rastreo.

Durante aproximadamente tres horas la mantuvo cautiva, mientras circulaban por distintos puntos hasta llegar al Parque Pereyra Iraola, tomando el ingreso ubicado en Camino General Manuel Belgrano y 403. Al llegar al lugar, el depredador obligó a la joven a apagar su celular para evitar el rastreo. 

Una vez allí, el agresor la obligó a desvestirse parcialmente. Ante esta situación, la joven intentó escapar al trote, pero el hombre la alcanzó y la llevó nuevamente al auto, donde abusó de ella. Luego la dejó en una parada de colectivos y escapó. La denuncia policial ya está radicada, pero por el momento no hay información sobre la identidad del delincuente.

¿Quién responde por esta pesadilla?

La responsabilidad estatal no es circunstancial: cuando un Parque Provincial, rutas y accesos vehiculares están al alcance de un delincuente que actúa durante horas sin ser detectado, hay un clarísimo fallo estructural.

La seguridad pública es competencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y sus fuerzas de policía. La vigilancia en rutas, ingresos a zonas verdes protegidas o parques periurbanos es mínima. No basta con anuncios de "refuerzo" o "intensos operativos" cuando en los hechos cada nuevo crimen refrenda que la política es de reacción, no de prevención.

Este caso debería hacer sonar todas las alarmas: la joven no fue víctima de un robo efímero, fue sometida a un proceso violento. Y lo hizo en un predio que, por definición, debería tener control y monitoreo. La pregunta entonces es directa: ¿Qué hace el aparato de seguridad bonaerense mientras ocurren estos crímenes?

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